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Al sistema de salud le urge una transfusión

  • Hace falta invertir 6% del PIB para garantizar el acceso a salud para todas y todos.

  • Un punto del producto interno bruto podría garantizar servicios iguales en INSABI e IMSS

  • Los servicios de salud para las zonas más pobres reciben hasta 10 veces menos presupuesto público

  • El COVID-19 llegó cuando el sector salud ya estaba en terapia intensiva.

 

En México el sistema de salud es una “receta explosiva” incompleta. El gasto no llega ni a la mitad de lo recomendable. Es insuficiente, le hacen falta camas, médicos, medicinas, enfermeras. Es excluyente, atiende preferentemente a las personas con trabajo formal y descuida a la mayoría que están en el trabajo informal. Es discriminador: invierte más de 300 mil pesos per cápita en la CDMX y menos de 30 mil en otras entidades del país.

La conclusión a la que llegaron 4 organizaciones de la sociedad civil especializadas en desarrollo social y gasto público es que “al sistema de salud le urge una transfusión de recursos”.

La sociedad civil plantea la necesidad de construir a largo plazo un sistema universal que garantice el derecho a la salud. En este caso, la demanda de recursos sería equivalente a 3.5 puntos del producto”, aproximadamente 240 mil millones de pesos, para lo cual se requiere seguramente una reforma fiscal progresiva.

La reducción en el gasto público en salud ha dejado un sistema debilitado, de 3% del PIB en 2013 a 2.5% en 2020. Lo más grave: desde 2019 se ha colocado en situación de subejercicio fiscal, descuidando la atención de enfermedades prevenibles que se han ubicado entre las cinco primeras causas de muertes en el país, como es el caso de la diabetes

Más gasto en salud es indispensable para promover el acceso universal a salud. Estos recursos deben llegar a aquellas personas que más lo necesitan. El acceso universal a salud implica que todas y todos puedan atenderse, sin importar su afiliación laboral, el lugar donde vivan o su capacidad de pago.

Encontramos un sistema excluyente, fragmentado, inequitativo y con calidad deficiente que no previene ni cura las enfermedades. 20 millones de personas son excluidas al no estar afiliadas a un servicio de salud y más de la mitad de la población, 68 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social.

La desigualdad en el gasto público entre subsistemas es dramática: los servicios de salud para las zonas más pobres reciben hasta 10 veces menos presupuesto público. Por cada peso por persona beneficiaria de IMSS-Prospera, que atiende a las personas que viven en zonas rurales de alta marginación y rezago social, se destinan aproximadamente 4 pesos por persona afiliada al IMSS; más de 5 pesos, para las del  ISSSTE; y cerca de 10 pesos, para las afiliadas a servicios de salud de Pemex.

Frente a la epidemia de COVID-19, los servicios públicos de salud ya estaban en terapia intensiva:

  • El número de camas en hospitales se ha reducido desde hace varias décadas en relación con la población, de 1.8 camas a 0.9 camas por 1,000 habitantes en 2019.

  • Hay grandes diferencias entre la densidad de médicos en la Ciudad de México y en otras localidades, lo que produce desigualdad geográfica en la capacidad de atención.

  • A pesar de estar incluido en el Esquema Básico de vacunación, solo 55% de niños y niñas han sido vacunados contra Hepatitis B en México, en contraste con 91.2%, en los países de la OCDE.

  • Solo la mitad de quienes acuden a los servicios públicos de salud reciben atención preventiva.

 

Para hacer frente a la emergencia sanitaria, el gobierno federal ha destinado más recursos para la compra de materiales, equipamiento y medicamentos, intentando atender la demanda de la crisis sanitaria y contrarrestar el subejercicio en infraestructura del 65% en 2019. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes, hemos superado las 57,000 muertes.

Es necesario tener un gasto público en salud que no solo considere el corto plazo, atender la crisis del COVID-19, pero también el mediano y largo plazo, hasta alcanzar un 6% del PIB en gasto público en salud.

Las organizaciones plantearon que un primer paso es aumentar el gasto en salud del Presupuesto 2021, un punto del PIB para garantizar la igualdad en los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) con los servicios del IMSS. Se darían servicios equivalentes a mexicanos del sector formal e informal de la economía. En este último sector está el 62% de la fuerza laboral del país.

Un segundo paso es montar un sistema universal de salud a partir de un modelo de atención primaria que privilegie la promoción, la prevención y la atención de todas y todos los mexicanos, colocando en el centro los derechos del paciente. A partir de ese punto se puede iniciar a diseñar y estructurar un modelo universal de salud.

Y la reforma de fondo debe ser desvincular el derecho a la salud de la afiliación laboral.  Mientras haya distinción entre derechohabientes y no derechohabientes, estos esfuerzos no garantizaran el acceso universal a la salud.

 

Convocados por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, participaron en el programa Acciones Ciudadanas, los Maestros Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); Mariana Campos de México Evalúa, y Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY). La trayectoria académica de los participantes puede consultarse en los anexos de este comunicado.

 

En el encuentro, moderado y conducido por Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, los expertos en economía de la salud hablaron de las carencias actuales del sistema de salud, de sus necesidades de gasto ante la crisis sanitaria y  con vistas al presupuesto de 2021 y, con la perspectiva futura de elevarlo a un sistema universal de protección social.