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Tomado de: MILENIO

Cofece interpone controversia constitucional contra política de Sener

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener) violenta principios de competencia y libre concurrencia e invade su esfera competencial. “Mediante la controversia constitucional, se solicita a la SCJN pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador frente a los principios constitucionales de competencia, cuando emite una disposición que afecta la dinámica de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la comisión y del bienestar de los consumidores”, apuntó. Te recomendamos: Van dos estados a la Corte contra acuerdo de Sener El pasado 15 de mayo Sener emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dicha política, la cual ha provocado más de 70 amparos. Cofece considera que la misma es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes en materia de electricidad, en cuanto a competencia en la generación y suministro.

Política de confiabilidad de Sener Fue publicada por la Secretaría de Energía para dar confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional ante la emergencia sanitaria por covid-19, por lo que suspendía pruebas preoperativas para centrales de generación de energías eólica y solar que todavía no iniciaban operación comerciales, y limitaba las que ya estaban en operación. La comisión señaló que la política afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista. En un comunicado añadió que se otorgan ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.

“A juicio de esta autoridad, incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia”, aseguró. La Cofece reconoció que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable. Sin embargo, dijo que cuando la competencia económica también es parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no sucede con la Política impugnada.