El diputado de Morena, Pablo Gómezpresentó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Propaganda Oficial y de reforma al artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De acuerdo con el proyecto presentado ante el Pleno de la Cámara baja en la sesión de este martes, se precisa que la iniciativa busca impedir la promoción personalizada de funcionarios a través de recursos públicos.

Además de garantizar la libertad de expresión y difusión de las opiniones e ideas en cualquier medio de comunicación.

“En el primer tema, se busca impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación y establecer un nuevo modelo de comunicación que impida el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular o para promover ambiciones”, indica el proyecto.

De acuerdo con la iniciativa, será la Secretaría de Gobernación la encargada de la publicidad de toda la Administración Pública Federal, en tanto que los órganos autónomos, entre ellas las universidades públicas, serán responsables de sus propios programas de difusión.

En su artículo 34 se precisa, por otra parte, que los registros de los gastos de publicidad realizada por los órganos autónomos y la administración federal deberá ser pública para su consulta ciudadana.

Algo que destaca en la iniciativa es que cualquier funcionario público que contrate publicidad con fines de propaganda personal incurrirá en una falta grave de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades.

“Que Incluya nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, o logros o actividades de la gestión pública ligadas a cualquier persona o grupo de personas”, se precisa en el artículo 11 del proyecto.

Asimismo, acota que la propaganda generada con motivo de informes de labores de algún funcionario se difundirá sólo en el territorio al cual pertenece el servidor público.

“Sólo podrá mencionar el nombre y cargo del informante sin que éste interactúe personalmente. Así mismo, cuando dichos mensajes mencionen o informen sobre obras públicas o programas sociales de cualquier tipo, incluidos educación y salud, deben contener una clara alusión a que las mismas se han costeado con recursos aportados por el pueblo mexicano”, se indica.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Población para su dictamen con la opinión de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.