JULIO FAESLER

Financiamientos a la producción, no sólo a los programas sociales

Julio Faesler

JULIO FAESLER

La caída de las actividades productivas arrastra empleos, formales e informales, ventas en el mercado interno al menudeo y confianza del consumidor

 

 

 

¡Vaya suerte la de la integración económica de Norteamérica!  El primer TLCAN se inauguró con la rebelión zapatista. Ahora, el T- MEC, que aspira a lo mismo, pero con más pretensiones, se inicia con dos presidentes y un primer ministro en problemas serios. El gobierno del joven líder canadiense está siendo cuestionado financieramente por sus enemigos políticos. Su vecino, Trump, a cien días de elecciones, ante la caída en 9.5% de la economía en el último trimestre, recurre a toda finta y maniobra para no dejar su cómoda sala ovalada. De López Obrador no hay sino que apuntar a sus deteriorados índices de popularidad, tan deplorables que hasta la proclamada revocación de mandato podría tornarse en realidad.

La deprimida economía empeoró, hundiendo al PIB en 20% en el segundo trimestre de 2020. La caída de las actividades productivas arrastra empleos, formales e informales, ventas en el mercado interno al menudeo y confianza del consumidor, cuya única esperanza de mejora es que sus ingresos se recuperen para, con ellos, detonar un nuevo ciclo económico.

Una vez más el comercio exterior es la fórmula de solución.  Animar la exportación con un alto contenido nacional depende, en buena medida, de la oportuna inversión en las unidades de producción, particularmente en las pymes que ocupan la mayor proporción de mano de obra productiva del país.

Sin embargo, hay mucha confusión en cuanto a la forma en la que el país ha de alzarse por sus propias fuerzas para superar su crisis actual. Es inevitable insistir en que a las unidades de producción, sean agrícolas o industriales, les urgen financiamientos de emergencia, aunque fuesen temporales, para respaldar sus precarios niveles de empleo, cubrir gastos y compra de insumos. Hay que repetir que los diversos programas sociales sólo sostienen economías personales, familiares y a veces de artesanos, pero no las industriales, donde urge capital de trabajo. Hay confusión cuando, por una parte, Banxico dice promover apoyo a la pequeña industria, pero no aparece, o cuando el apoyo que al BNCE corresponde otorgar no es suficiente.

Hay más confusión cuando, pese a la urgencia de dichos financiamientos contracíclicos, el gobierno insiste en que no tiene dinero, en no querer endeudarse ni recurrir a financiamientos externos.  Pero ayer el subsecretario de  Hacienda aclaró que, en caso de prolongarse la pandemia, habría un “paquete de estímulos para acelerar la recuperación económica” (sic). Añadió que no se contempla la contratación de financiamientos externos, la cual considera como una alternativa remota, pues se aumentaría el costo financiero de la deuda en 300 mil millones de pesos “que es lo que valen los programas sociales”.

Según la SHCP la recuperación de la economía nacional no supone estimular directamente mayor producción, ocupación, exportación o demanda interna. Ella se autogeneraría por virtud de alguna dinámica innata y autónoma de nuestra economía que de ninguna manera pide un aporte exógeno. Los hechos, empero, revelan que la promoción social en curso sí ha tomado financiamientos externos. La página oficial del Banco Mundial registra los préstamos autorizados en los primeros 18 meses a la administración de AMLO, superiores a los de todo el sexenio de Peña Nieto (2,569,650 millones de dólares AMLO, y 2,331,000 millones de dólares EPN). El aumento de la deuda externa mexicana ya es mayor en lo que va de este sexenio que en todo el de Peña Nieto: en 2018 35.8% del Producto Interno Bruto, y actualmente 53%.

La moraleja de todo lo anterior es que, aunque el gobierno anunció jamás aumentar la deuda externa del país, en realidad ha tenido que hacerlo como lo hacen regularmente todos los países siguiendo las reglas de sensatez y prudencia que aseguren que los intereses de contratado no condenen al país a una esclavitud del servicio que acaba en rescates que son más costosos para la población  que, desde luego, para los propios negociadores en lo personal.

En segundo lugar, como en cualquier esquema económico, hasta en el familiar, toda deuda debe ser productiva y no constituir un lastre. La deuda que el gobierno actual está contrayendo está destinada a servicios sociales, sin duda benéficos y solidarios con una población urgida de apoyo.  Falta, ahora, actuar con toda celeridad para levantar el empleo, la demanda, la producción. Para ello no tiene que esperarse a que la pandemia empeore.

Con ello, el T-MEC tendrá la mejor plataforma de despegue que la actual.