Gasolina barata, repudiar el acuerdo de París | Revista República

Gasolina barata, repudiar el acuerdo de París

Opinión Nacional

Verde en Serio
Gabriel Quadri de la Torre
Ingeniero Civil y Economista

El nuevo gobierno de AMLO tendrá como una de sus divisas emblemáticas congelar el precio de la gasolina (en términos reales sujeto a la inflación) y luego, en tres años, reducirlo. Si la gasolina es importada (importamos 60% del consumo total), la reducción del precio significará un subsidio en la medida en que aumenten los precios internacionales del petróleo así como el tipo de cambio. Esto tendría que ocurrir reduciendo de facto el IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) como “estímulo fiscal” o de plano haciéndolo cero o negativo. Volveríamos a los tiempos del IEPS flotante y de subsidios masivos ante precios altos del petróleo. Recordemos que en el 2012 el subsidio a la gasolina llegó a representar una cifra similar a la de todo el presupuesto en educación pública (más de 200,000 millones de pesos). Tengamos en cuenta que al importar gasolina pagamos el costo del petróleo (a precios internacionales), costos y márgenes de refinación, transporte, logística y comercialización.

Ahora, si las importaciones se eliminan produciendo gasolina en nuevas refinerías, además de los últimos rubros, vamos a pagar el costo de oportunidad del petróleo que deja de exportarse a precios internacionales y los costos de amortización e intereses. Las refinerías en Estados Unidos y otros países ya están amortizadas, por lo que sus precios serían más competitivos que los de las nuevas refinerías en México, que no lo estarían por un tiempo muy largo. Vender gasolina barata por debajo del costo de oportunidad sólo porque se produce internamente no tendría ningún sentido económico (aunque el costo de producción de petróleo en México sea muy bajo: 7 USD por barril).

Con un subsidio fiscal a gasolinas importadas o vendiendo la gasolina hecha en México con subsidio fiscal a través del IEPS y/o por debajo de su costo de oportunidad, la renta petrolera de la nación se va a disipar en mantener los precios bajos y, por tanto, en promover consecuentemente el consumo. Sería un mal uso de la riqueza petrolera. No se utilizaría para financiar inversiones a largo plazo en seguridad, educación, salud, infraestructura, transporte público, pensiones y otras prioridades. Dadas las reglas de coordinación fiscal, el mecanismo de “flotación” o “hundimiento” del IEPS, o sea, su reducción, eliminación o negatividad, impactaría frontalmente a las participaciones federales a los estados y que representan alrededor de 20% de su presupuesto. Las consecuencias políticas de ello van a ser complejas, por decir lo menos.

Pero las consecuencias de mayor resonancia ocurrirán en el ámbito internacional, en particular, en lo que respecta al régimen multilateral de lucha contra el cambio climático plasmado en el Acuerdo de París. México ha asumido compromisos importantes en el Acuerdo de París, que se sintetizan en una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de hasta 40% hacia el 2030 por debajo del escenario tendencial. Esto implica alcanzar un máximo de emisiones en el 2026, para emprender de ahí disminuciones absolutas; lo que a su vez conlleva reducciones también absolutas en el consumo de combustibles a partir de ese año y una trayectoria compatible con este escenario durante los años previos.

En el inventario de emisiones de GEI en México, el sector transporte es el más importante, con 25% del total, proporción que crece cada día con el aumento en el consumo de gasolinas. Reducir los precios repercutirá en mayor demanda y consumo y, por tanto, en mayores emisiones. Además del previsible desequilibrio fiscal y distorsión en el gasto con profundas repercusiones distributivas, ambientales, energéticas y urbanas, México no podrá cumplir sus compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático y tendrá que repudiar el Acuerdo de París. Igual que Trump.