Cuatro semanas tienen los políticos que están en el servicio exterior para dejar sus cargos. Un aviso oficial remitido a embajadores y cónsules emplazó a los involucrados a regresar a México a más tardar el 31 de noviembre.

Así lo pactaron la administración entrante y saliente.

Algo verdaderamente inesperado, comentan los involucrados, porque nunca ha sido la práctica diplomática algo que te haga salir como un delincuente o fugitivo.

Es el signo de los nuevos tiempos. De la cuarta transformación.

El nuevo subsecretario de Egresos acordó con la actual subsecretaría de Egresos que el cierre de la administración se realizará durante el mes de noviembre, en lugar del mes de diciembre, lo anterior significa que:

La actual administración resolverá todos los temas de presiones de gasto (sin suficiencia presupuestaria) tales como las presiones presupuestarias en las universidades, transferencias al ISSSTE, autorizaciones de modificaciones en el balance financiero de las entidades.

La purificación de la Cancillería, en ciernes. Antes, una limpia en todo el aparato burocrático que arrancó apenas dos semanas después de que el INE decretara el triunfo de AMLO. El cese del personal eventual y de honorarios avanzó sin crispaciones, pero al hacerse público el plan de austeridad de la administración entrante, extensivo a los poderes Legislativo y Judicial, comenzó una oleada de inconformidades entre mandos medios y superiores que inevitablemente serán resueltas por los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación. En la Oficialía de Partes de esa institución ya están las primeras cinco demandas contra una probable reducción de ingresos.

La Oficialía Mayor Única que designará directamente el futuro Ejecutivo federal tiene —desde ahora— plenas facultades para definir sobre estos asuntos y se apoyará en los titulares de administración y finanzas –o equivalentes–, también designados desde la Oficina de la Presidencia.

En la primera etapa del proceso de entrega-recepción, los próximos funcionarios fueron instruidos para identificar los “servicios críticos sustantivos” que son otorgados a los ciudadanos y los “servicios críticos” que permiten la operación cotidiana de las instituciones federales.

Y antes de que concluya este mes, tendrán que remitir a la Oficialía Mayor Única un informe que enliste: todos los contratos plurianuales vigentes —incluidas fechas de inicio y término— así como los montos comprometidos a partir del 2019; la relación de contratos anticipados autorizados por la SHCP para el 2019; la relación de contratos suscritos a partir del 1 de julio del 2018 y el status en el que se encuentran, así como el avance de ejecución de todos los contratos vigentes.

¿Objetivo? Identificar los contratos “indispensables” para la operación y la continuidad de la institución, de aquellos que sean prescindibles, tales como asesorías, servicios ejecutivos de transporte aéreo, servicios integrales de eventos…

Respecto a la obra pública, la primera tarea consistió en identificar los contratos “de alto riesgo” y reportarlos a la próxima secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Los contratos que presenten irregularidades en su adjudicación, entregables o precios —se instruyó— que pudieran ser resultado de actos de corrupción no deben ser continuados.

Los contratos que terminan el 30 de noviembre o antes, de considerarse indispensables por el titular de la institución, deberán trabajar como equipo de transición para asegurar su continuidad.

Identificar los contratos de servicios que concluyen el 31 de diciembre del 2018 que sean indispensables y no existan irregularidades respecto de la contratación, para que se analicen junto con la Oficialía Mayor de la SHCP, dependiendo del monto, bien o servicio, lo siguiente: una ampliación de hasta 20% o al primer trimestre, y negociar disminución de precios en el convenio modificatorio; una adjudicación directa con el mismo proveedor hasta el mes de junio siempre y cuando se obtenga una reducción en el contrato de al menos 40 por ciento.

En los capítulos 2,000 y 3,000 del Presupuesto, todas las dependencias de la Administración Pública Federal deberán incluir ahorros de al menos 30% en el gasto de operación.

Los titulares de Administración y Finanzas no deberán prever recursos para la contratación de asesorías o consultorías, así como outsorcing que actualmente ampara la partida 33901; tampoco habrá adquisiciones de vehículos para servicios administrativos, equipos de cómputo, sistemas o remodelación de oficinas.

EFECTOS SECUNDARIOS

EMPATADOS. En la entrega de los Reed Latino, los voceros de Los Pinos se llevaron la noche. Gabinete de Comunicación Estratégica y Enkoll. Jesús Ramírez Cuevas. Mejor estratega.

Para la senadora Alejandra Lagunes, exresponsable de la estrategia digital de la administración peñista, hubo rechiflas. No acudió, aunque estaba nominada en la categoría de Leyenda, que garantiza el ingreso al salón de la fama, que se llevó Roy Campos y Yago de Marta.

Massive Caller gana por uso de call center en una campaña electoral.

RESCATADOS. Después de cinco días de aislamiento, el abogado Ricardo Contreras abandonó la plataforma Decuis, una de las cinco estructuras flotantes que Perforadora Oro Negro tiene arrendadas en la sonda de Campeche. Un juez penal había reconocido la posesión que luego Contreras fue a reclamar. Pero el pasado viernes, el titular del juzgado 10º de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no sea privada de la posesión que actualmente detenta de las plataformas Primus, Laurus, Fortius e Impetus, según consta en los estrados del juicio de amparo 953/2018. Mañana, en una Corte de Bancarrota de Nueva York, una jueza atenderá los reclamos de los bonistas, quienes embargaron la plataforma.

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