El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, ORFIS, dio a conocer que el primero de octubre entregará a la Legislatura de Veracruz el informe general sobre a cuenta pública 2017.
A partir de ahí comenzará el periodo de investigación de las observaciones que podrían constituir faltas administrativas y delitos en casos extremos.
La cuenta pública 2017 no sólo incluirá la auditoría al trabajo realizado por el gobierno del estado durante el primero de dos años que corresponden a la actual administración estatal, sino también al último de los cuatro ejercicios de los ayuntamientos 2014-2017.
Precisamente por esa auditoría, algunos ex presidentes municipales han comenzado a mostrar nerviosismo.
Podríamos decir que quienes libren esta revisión del ORFIS podrán dormir tranquilos.
En octubre de 2017, hace poco menos de un año, la revisión del Orfis detectó irregularidades en 122 de los 212 ayuntamientos veracruzanos; en algunos casos, el monto de las observaciones fue de escándalo: Cosamaloapan presentó probables irregularidades por 133 millones de pesos; Coatzacoalcos apareció con 50 millones; Cosoleacaque, con poco más de 41; Catemaco, con 40 millones de pesos; y San Andrés Tuxtla, con 35. No fueron los únicos, pero sí los más significativos por los montos.
Ex presidentes municipales como Adriana Mass, de Cosamaloapan; Joaquín Caballero, de Coatzacoalcos; Ponciano Vázquez Parissi, de Cosoleacaque; Jorge González Azamar, de Catemaco; y Manuel Rosendo Pelayo, de San Andrés Tuxtla, fueron considerados como fuertes candidatos a enfrentar problemas judiciales luego de su paso por sus respectivos ayuntamientos.
El diciembre pasado, el presidente de la Comisión de Vigilancia en la Legislatura del Estado, Juan Manuel de Unánue Abascal, se refirió a la posibilidad de acciones jurídicas contra ex alcaldes y ex funcionarios. Posteriormente comenzaron las denuncias penales.
El ex presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, por ejemplo, fue denunciado por su sucesor en el cargo, Octavio Pérez Garay.
Sobre Rosendo Pelayo pesan cuatro denuncias penales por el uso de recursos públicos para pagar contratos a presuntas empresas fantasma. Como consecuencia, el ex alcalde tramitó un amparo para evitar su captura. De igual manera, buscó la diputación federal –se dice que en busca del fuero– pero sólo obtuvo poco más de 8 mil votos, 5.5 por ciento del total de los sufragios emitidos.
El caso es que el ex edil de San Andrés Tuxtla no ha logrado justificar más de 16 millones de pesos. Algo parecido ocurre con el ex alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero, quien tampoco habría podido justificar poco más de 3 millones 300 mil pesos.
Por otro lado, al trabajo del Orfis y al de la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado se suman las denuncias que han presentado presidentes municipales en funciones en contra de sus antecesores en el cargo; en esa lista se encuentran los casos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cazones, Xalapa, Castillo de Teayo, Chacaltianguis, Chalma, Martínez de la Torre, Naranjos, Ozuluama, Tlacotalpan, Platón Sánchez y otros; 35 en total.
Todo eso ocurrió en el ejercicio 2016, cuya información se ventiló durante el año pasado y en los primeros seis meses de 2018.
Dentro de dos meses, en octubre, el Orfis entregará a la Legislatura el informe de la cuenta pública 2017 y será entonces cuando comience el análisis de la información y el periodo para que los ex presidentes municipales solventen las observaciones, antes de ser denunciados; todo eso está bien; lo único malo es que por décadas, el órgano auditor sólo ha sido utilizado en Veracruz como instrumento de presión política y no como la instancia responsable de la revisión de cuentas de las dependencias del gobierno estatal y de los 212 ayuntamientos.
Lo peor es que cada año se ventilan las auditorías y observaciones a las administraciones municipales; se habla de daños patrimoniales y de posibles acciones legales; sin embargo, los ex ediles señalados siguen paseando tranquilos, sin que la autoridad les moleste ni con el pétalo de un citatorio. @luisromero85
El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, ORFIS, dio a conocer que el primero de octubre entregará a la Legislatura de Veracruz el informe general sobre a cuenta pública 2017.
A partir de ahí comenzará el periodo de investigación de las observaciones que podrían constituir faltas administrativas y delitos en casos extremos.
La cuenta pública 2017 no sólo incluirá la auditoría al trabajo realizado por el gobierno del estado durante el primero de dos años que corresponden a la actual administración estatal, sino también al último de los cuatro ejercicios de los ayuntamientos 2014-2017.
Precisamente por esa auditoría, algunos ex presidentes municipales han comenzado a mostrar nerviosismo.
Podríamos decir que quienes libren esta revisión del ORFIS podrán dormir tranquilos.
En octubre de 2017, hace poco menos de un año, la revisión del Orfis detectó irregularidades en 122 de los 212 ayuntamientos veracruzanos; en algunos casos, el monto de las observaciones fue de escándalo: Cosamaloapan presentó probables irregularidades por 133 millones de pesos; Coatzacoalcos apareció con 50 millones; Cosoleacaque, con poco más de 41; Catemaco, con 40 millones de pesos; y San Andrés Tuxtla, con 35. No fueron los únicos, pero sí los más significativos por los montos.
Ex presidentes municipales como Adriana Mass, de Cosamaloapan; Joaquín Caballero, de Coatzacoalcos; Ponciano Vázquez Parissi, de Cosoleacaque; Jorge González Azamar, de Catemaco; y Manuel Rosendo Pelayo, de San Andrés Tuxtla, fueron considerados como fuertes candidatos a enfrentar problemas judiciales luego de su paso por sus respectivos ayuntamientos.
El diciembre pasado, el presidente de la Comisión de Vigilancia en la Legislatura del Estado, Juan Manuel de Unánue Abascal, se refirió a la posibilidad de acciones jurídicas contra ex alcaldes y ex funcionarios. Posteriormente comenzaron las denuncias penales.
El ex presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, por ejemplo, fue denunciado por su sucesor en el cargo, Octavio Pérez Garay.
Sobre Rosendo Pelayo pesan cuatro denuncias penales por el uso de recursos públicos para pagar contratos a presuntas empresas fantasma. Como consecuencia, el ex alcalde tramitó un amparo para evitar su captura. De igual manera, buscó la diputación federal –se dice que en busca del fuero– pero sólo obtuvo poco más de 8 mil votos, 5.5 por ciento del total de los sufragios emitidos.
El caso es que el ex edil de San Andrés Tuxtla no ha logrado justificar más de 16 millones de pesos. Algo parecido ocurre con el ex alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero, quien tampoco habría podido justificar poco más de 3 millones 300 mil pesos.
Por otro lado, al trabajo del Orfis y al de la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado se suman las denuncias que han presentado presidentes municipales en funciones en contra de sus antecesores en el cargo; en esa lista se encuentran los casos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cazones, Xalapa, Castillo de Teayo, Chacaltianguis, Chalma, Martínez de la Torre, Naranjos, Ozuluama, Tlacotalpan, Platón Sánchez y otros; 35 en total.
Todo eso ocurrió en el ejercicio 2016, cuya información se ventiló durante el año pasado y en los primeros seis meses de 2018.
Dentro de dos meses, en octubre, el Orfis entregará a la Legislatura el informe de la cuenta pública 2017 y será entonces cuando comience el análisis de la información y el periodo para que los ex presidentes municipales solventen las observaciones, antes de ser denunciados; todo eso está bien; lo único malo es que por décadas, el órgano auditor sólo ha sido utilizado en Veracruz como instrumento de presión política y no como la instancia responsable de la revisión de cuentas de las dependencias del gobierno estatal y de los 212 ayuntamientos.
Lo peor es que cada año se ventilan las auditorías y observaciones a las administraciones municipales; se habla de daños patrimoniales y de posibles acciones legales; sin embargo, los ex ediles señalados siguen paseando tranquilos, sin que la autoridad les moleste ni con el pétalo de un citatorio. @luisromero85
