No, al Ejército en seguridad pública

Francisco Cardenas Cruz

PULSO POLITICO

Controversia en Corte desata polémica

Laura Rojas

Con la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra el acuerdo presidencial de que el Ejército realice tareas de seguridad pública y consolide la militarización del país, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, armó una rebambaramba: el apoyo de las bancadas de oposición en San Lázaro y la inmediata y airada negativa de sus colegas de Morena a respaldarla.

En un documentado análisis que la legisladora panista mexiquense entregó al alto tribunal, señaló que existen fundadas razones para solicitar que se revise la constitucionalidad del acuerdo presidencial con el que intenta resolver la crisis de seguridad que tanto afecta al país ante la irrefrenable oleada de violencia en la totalidad de las entidades federativas.

Expresó en la controversia presentada ante la Corte que durante más de una década, las Fuerzas Armadas solicitaron que se les diera un marco jurídico que dé certeza a su actuación y lo que se busca ahora es precisamente que se cumpla ese objetivo y, sobre todo, avanzar hacia el objetivo de un México con seguridad y paz.

Recordó que en mayo del año pasado, el Congreso de la Unión y los de todos los estados acordaron por unanimidad reformar la Carta Magna para establecer un nuevo régimen jurídico que permitiera al Estado Mexicano resolver la crisis de seguridad pública, por lo cual fue creada la Guardia Nacional que realizaría tareas de seguridad pública para contribuir a la preservación del orden público y la paz social.

Asa Cristina Laurell

Sin embargo, el 11 de mayo pasado, el Ejecutivo Federal emitió el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas amadas permanentemente para realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional, hasta el 27 de marzo de 2024.

La controversia expone las razones por las que se toma ese acuerdo que se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de las fuerzas armadas permanente en tareas de seguridad pública, al dejar de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre respecto a la subordinación de las fuerzas armadas que participen en esas tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al señalar que el secretario de Seguridad Pública deberá “coordinarse” con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

Eso, a pesar de que el principio de fiscalización es claro en exigir que el control de las fuerzas armadas que desempeñen tareas de seguridad pública debe ser llevado a cabo por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces” y el acuerdo del Ejecutivo Federal deja la supervisión y control de esas tareas a los órganos de control de la dependencia correspondiente.

Las bancadas del PRI, PAN, MC y PRD, apoyaron la presentación de esa controversia y, por supuesto, la de Morena la criticó por no contar con el respaldo del pleno e ir, además, contra un acuerdo del jefe de su partido, por lo que habrá que esperar a ver qué resuelve el alto tribunal de justicia ante lo que de antemano, parece un justificado reclamo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

>>ANTE el aceleramiento de contagios por Covid-19, el gobierno de la ciudad de México y algunos del interior de la República, en los que prevalece en rojo el semáforo sanitario, se mantendrán confinamiento y sana distancia y no se reanudarán algunas actividades como se había anunciado, a fin de que el número de casos no siga el ritmo actual que imposibilite y prolongue el regreso a la “nueva normalidad”.

>>LA creencia de que la pandemia ha sido “domada” y los irresponsables llamados a que la gente vuelva a salir de casa y a reanudar sus actividades, sin siquiera llevar cubrebocas ni atender las recomendaciones de las autoridades de salud es lo que ha provocado que el virus se propague con mayor rapidez y siga causando estragos en la población.

>>EL mismo líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortíz, al que se aseguraba hace meses tener “cercado” y a punto de captura, es el que tras la aprehensión de una veintena de su grupo y la de su propia madre -según aseguró en un par de videos que subió a las redes sociales- desató una ola de violencia en el municipio de Celaya y sus alrededores, con cuantiosos daños materiales.

Monica Maccise Duyhe

>>ES también el que en enero del año pasado fue señalado como principal huachicolero en la zona del Bajío y que ha seguido con el robo de combustible que ocasionó el desabasto en gran parte del país y que a pesar de lo que oficialmente se asegura, de que “ya se acabó” ese ilícito, no obstante el despliegue policíaco-militar para arrestarlo.

>>COINCIDENCIA o no, pero las renuncias por diversas causas de tres funcionarias el viernes pasado, vuelven a evidenciar que en este sexenio y a pesar del fortalecimiento que el movimiento feminista ha alcanzado, sigue sin merecer ni apoyo ni solidaridad en Palacio Nacional, sino al contrario, como ha quedado en claro, lo que ha provocado airadas críticas al Presidente.

>>UNA de las renunciantes fue la de la subsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, que fue titular de la misma cuando el hoy Presidente fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y que decidió irse ante el intento de desaparecer esa área, con severas críticas al haber sido desplazada por diferencias con el titular, Jorge Alcocer y con su colega, Hugo López-Gatell.

>>LA renuncia de Mónica Maccise al mando del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fue presentada luego de que López Obrador fingió ignorar la existencia de ese organismo impulsado por el desaparecido Gilberto Rincón Gallardo, quien fue su verdadero adversario, y anunciar que propondría su desaparición.

>>ESO motivó que también renunciaran tres integrantes honorarios de la Asamblea Consultiva del Conapred: el académico y escritor Mauricio Merino; la periodista Katia D’Artigues y Regina Tamez, que rechazaron que ese organismo haya simulado su cometido, ya que ha brindado apoyo a quienes el Presidente se comprometió a proteger, como son los más vulnerables, los pobres.

>>Y la tercera dimisión fue la de Mara Gómez, que estaba al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y quien apenas en diciembre pasado fue designada por el Senado de la República y que también fue blanco de críticas del Ejecutivo Federal, al asegurar que familiares de las víctimas exigían su salida.

>>TAN mal como quedaron aquel jueves 17 de octubre del año pasado los integrantes del Gabinete de Seguridad, cuando después de capturar en Culiacán a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, lo dejaron en libertad, los dejó ahora el presidente López Obrador, ocho meses después, al admitir que fue él quien verdaderamente ordenó que fuera liberado.

>>COMO se recuerda, aquella captura convirtió la capital de Sinaloa en un campo de batalla cuando centenares de sicarios del cártel fundado por Joaquín Guzmán, hoy bajo el mando de Ismael “El Mayo” Zambada y de los hijos de aquel, iniciaron una violenta acción que aterrorizó a la población y llego hasta mandos militares y sus familias, con la amenaza de asesinarlos si no soltaban a Ovidio.

>>AL cúmulo de problemas de seguridad que enfrentan autoridades estales y federales se sumó la amenaza que hizo ayer, a través de un video difundido en redes sociales, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, de elevar los niveles de violencia en Guanajuato tras la detención de 26 integrantes de su grupo criminal, entre ellos su madre y una hermana.

fcardenas@pulsopolitico.com.mx