Protocolos contra el acoso

CLARA SCHERER

CLARA SCHERER

CLARA SCHERER

Las mujeres, todas, deberíamos conocer los protocolos vigentes en nuestro lugar de trabajo o en nuestra escuela. Desde hace algunos años, muchas se han dedicado a exigirlos, elaborarlos, aprobarlos, cuestiones que no han sido nada fáciles, pero que después de tanto trajín y una vez concluida esta tarea inicial e indispensable, los protocolos se quedan archivados en el cajón de los olvidos.

13 de Abril de 2018

“El hostigamiento y el acoso sexual y/o laboral son una forma de discriminación por razón del género, tanto desde una perspectiva legal como en su concepto. Si bien los hombres también pueden ser objeto de acoso sexual, la realidad es que la mayoría de las víctimas son mujeres. El problema guarda relación con los roles atribuidos a los hombres y a las mujeres en la vida social y económica que, a su vez, directa e indirectamente, afecta a la situación de las mujeres en el mercado del trabajo”, según afirma la Organización Internacional del Trabajo.

En general, a las autoridades les ha bastado con decir que ya han cumplido, presumen el resultado en reuniones, reciben aplausos y hasta ahí llegó su convicción en favor de la justicia hacia las mujeres. En ninguna dependencia se ha hecho el esfuerzo de darlo a conocer entre las más interesadas, las trabajadoras, y sucede entonces que cuando alguna está al borde de un ataque de ansiedad, alguna amiga le menciona el protocolo y hay que estudiarlo para saber qué procede. Esto en medio del miedo de que, por denunciar, a ella le puede ir peor.

Desde 2014, por ejemplo, el SNTE publicó el Protocolo de Actuación para una Escuela Libre de Violencia; la SEP elaboró un Manual de actuación para la prevención de la violencia de género”; en 2017, la Secretaría del Trabajo dio a conocer el “Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido a las empresas de la República Mexicana”; Amalia García, en marzo, presentó “CDMX protocolo contra acoso y hostigamiento laboral y/o sexual”. Sectur publicó “Protocolo para Prevenir y atender el Hostigamiento y el Acoso Sexual y/o Laboral” y afirma que “Éste Protocolo de intervención será el documento que dará certeza jurídica a las víctimas de tan reprochables conductas en la Secretaría de Turismo, sus Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas, ya que establece con precisión y claridad las pautas, el procedimiento y herramientas a seguir, para la prevención y atención de los casos que sean motivo de una queja, así como para brindar atención y protección a quienes presenten denuncias por hostigamiento o acoso sexual y/o laboral”.

En el Senado, en la Administración Pública Federal, en la Universidad Nacional Autónoma de México ya existen dichos instrumentos, aunque en opinión de muchas personas, hay que revisarlos y adecuarlos, pues, en ocasiones, protegen más a quien infringe las reglas. Faltan muchas otras instituciones, entre las autónomas, o de las entidades federativas, que no han trabajado en la elaboración de instrumentos legales para erradicar la discriminación contra las mujeres, como lo marca la Constitución.

Es interesante y a la vez inquietante saber que no existe consenso internacional en el marco legal para sancionar el acoso sexual en el trabajo. Algunos países (Honduras, República Dominicana) han inscrito normas en el Código Penal con aplicación de pena de cárcel. En otros, se han adoptado normas específicas para visibilizarlo y establecer estrategias multisectoriales para prevenirlo y erradicarlo. Otros países lo han integrado como falta en los Códigos de Trabajo, colocándolo como causal de terminación justificada de la relación laboral. En El Salvador aparece en la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales, definiéndolo como riesgo sicosocial y responsabilidad de prevenir por parte del empleador.

Como quiera que se le tipifique, es una humillación que tiene por resultado discriminar a las mujeres, a las y los jóvenes, a integrantes de las comunidades LGBTTI, a personas inmigrantes. Es decir, ni duda que es abuso de poder y, por tanto, un atentado contra los derechos humanos.