¿Qué sabe Lozoya?

Javier Solorzano Zinser

Quebradero

A Emilio Lozoya le debe quedar claro que desde hace tiempo van tras él. Para el exdirector de Pemex, las declaraciones que hizo López Obrador, en el sentido de que no se procedería sobre las irregularidades que se hubieran cometido en el pasado, todo indica que no aplican.

Hay que recordar que el caso Lozoya lleva un rato en los tribunales, no se abrió en la presente administración. Sin embargo, en los últimos meses las investigaciones se han intensificado, lo que ha llevado a una persecución de Lozoya, la cual no se ha concretado.

No queda claro el por qué. Se habla de que el hecho de que la FGR haya hecho públicas sus acciones le ha permitido al exfuncionario moverse. Lo cierto es que no lo ha detenido, ni se va a entregar. Ayer, en una “carta a la opinión pública”, aseguró: “es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva… estoy dispuesto a colaborar… aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”.

Somos un país, estos seis meses lo confirman, en el que no se mueve nada si el Presidente no lo avala o da su visto bueno. La cadena de las grandes decisiones pasa, invariablemente, por el Ejecutivo.

Puede ser que haya en el camino muchos vericuetos, pero bajo la dinámica del sistema político mexicano, no hay manera de que el Presidente no sea factor y responsable de decisiones estratégicas y trascendentes.

No hay manera de que diga que no sabía, en función del cargo que ostenta. Felipe González comentaba que los presidentes son la última puerta de un gobierno; no hay nadie detrás de ellos y son ellos los que deben decidir sobre los grandes asuntos de una nación.

¿Qué quiere decir Emilio Lozoya cuando se refiere a que está dispuesto a aclarar qué funcionarios y de qué niveles “intervinieron en lo que hoy se investiga”? ¿Qué quiere decir su abogado, Javier Coello cuando menciona que se podría llamar al expresidente Peña Nieto y a altos exfuncionarios a declarar?

Es evidente que Lozoya sabe, lo debiera saber desde 2017, que ya es la pieza más expuesta, y quizá, la más débil, del entramado de Pemex, se le ve ya como sacrificable.

Lozoya y su abogado informan, y en el camino también lanzan claros mensajes a lo que fue su entorno. No se ve que en la Presidencia se vayan a meter en este asunto, no tienen por qué y ni para qué hacerlo.

Más bien parece ser la oportunidad de presentar evidencias del “batidillo” que dejó la pasada administración, y del cual López Obrador tanto habla y refiere. Digamos que, sin mucho esfuerzo, el tema judicial viene desde 2017; para decirlo beisboleramente, “la puede sacar del parque”.

Lozoya está metido en un escenario en el que sabe bien que tiene una mínima capacidad de maniobra y que está contra las cuerdas. Las salidas a estas alturas, si es que las hay, están en lo que fue su entorno, y que lo haga con nombres y apellidos; y que dé cuenta de la convulsa trama en la que el gobierno, en particular altos funcionarios, estuvieron involucrados en actos de corrupción vinculados con la paraestatal.

Hace algunas semanas conversamos con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, sobre el caso. Nos decía que las indagatorias llevan a Odebrecht. Le preguntamos si hasta ahí para y nos contestó que no, que las cosas pueden llegar a la política y a procesos electorales.

Se presumen muchas vertientes en torno al caso Lozoya. No hay manera de pasar por alto al PRI, a la SHCP y a la Presidencia.

Pronto sabremos si hubo pacto entre López Obrador y Peña Nieto. No somos de la idea de que lo haya; por la forma en que ganó el tabasqueño; no había necesidad.

Como sea, ya veremos.