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Tomado de: LA SILLA ROTA VERACRUZ

Se estanca alerta de género y van por nueva Fiscalía Especializada en Feminicidios

La nueva fiscal, Verónica Hernández, anunció su intención de crear una Fiscalía contra este delito, pero académicas evidencian que ya existe una sin recursos

 

De enero a agosto de este año, en Veracruz se han cometido 125 feminicidios según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Ello deja de manifiesto que las declaratorias de dos alertas por violencia contra las mujeres, una de estas por feminicidio, no han logrado generar acciones que permitan la disminución de la violencia contra este sector de la población.

A un mes de cumplirse el tercer año desde que se emitió la primera alertaVeracruz es el primer lugar a nivel nacional por el número de casos de feminicidios, incluso por arriba de entidades como el Estado de México, que tiene casi la mitad de los casos que en Veracruz, con 67.

Este escenario ha obligado a las autoridades a buscar diversas estrategias, basadas en las observaciones que ha realizado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y algunas que ha iniciado el gobierno de Cuitláhuac García por su propia cuenta, ante las críticas por los escasos resultados, tal es el caso del programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas.

Otra estrategia reciente que se proyecta para Veracruz surgió del anuncio de la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns que, tras reemplazar a Jorge Winckler Ortiz en el cargo, anunció su intención de crear una Fiscalía Especializada para atender e investigar los feminicidios.

“Estamos viendo la posibilidad de crear una Fiscalía especializada exclusivamente en feminicidios, creo que sería muy positivo, cuenten con ese proyecto que tenemos y ya que se eche a andar este proyecto del Centro Integral de Justicia para Mujeres aquí la queremos tener”, señaló durante la mesa técnica de acceso a la justicia para las mujeres y niñas en casos de muerte violentas en Veracruz, que se realizó el pasado 4 de octubre.

Pese a ello, la funcionaria advirtió que los cambios y las transformaciones no pueden ocurrir en un día o en un mes, dadas las condiciones en las que según dijo recibió la Fiscalía.

“Recibo una Fiscalía carente de muchas cosas, principalmente de procuración de justicia; no había el ánimo de investigación, de procurar con mucho cuidado los detalles de una investigación en este tipo de casos, de los análisis de estudios socieconómicos, sociológicos de todas estas víctimas”.

FISCALÍAS REGIONALES SIN CABEZA

La Fiscalía General del Estado no había concluido el proceso para sustituir a 22 fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas que fueron despedidas el pasado mes de diciembre de 2017.

Así lo señaló María López de la Rica, quien en sesión solemne del Congreso del Estado recibió la Medalla “Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2018“.

“Que aumente el número de fiscalas especializadas, ya que las actuales son insuficientes y en el mes de diciembre se dieron de baja a 22 fiscalas especializadas y no se ha repuesto a ninguna, además de que ya anteriormente eran insuficientes”, reveló.

Por lo anterior, requirió al gobierno del Estado llevar a cabo las acciones que señalan las Alertas de Violencia de Género por agravio comparado y por violencia feminicida, especialmente en los 11 municipios con declaratoria y los 47 municipios con población indígena mayoritaria en el Estado.

“Que se etiqueten los recursos necesarios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

“Las mujeres de la Sierra de Zongolica exigimos al Estado y a sus servidoras y servidores públicos que nos atiendan con perspectiva de género y de interculturalidad, sin discriminación por nuestro género y etnia”

Igualmente, acusó que a la fecha las encargadas de los Institutos Municipales de las Mujeres trabajan con carencias.

Expuso que las indígenas veracruzanas en la práctica no tienen acceso a la justicia, principalmente por la distancia de sus comunidades a los centros de procuración de justicia.

“También por la pobreza que enfrentamos y la ausencia de recursos para poder trasladarnos, así como por la presión y control que aún se ejercer sobre nuestros cuerpos en nuestras familias como en nuestras comunidades.

“No siempre contamos con intérpretes y traductoras calificadas. Por lo largo y tedioso de los procesos jurídicos, por la discriminación que enfrentamos por parte de servidores públicos, así como por las ideologías racistas y clasistas que nos excluyen”

La activista consideró que todos estos factores “limitan” el Derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, además de incrementar el riesgo de ser víctimas de violencia extrema.

“Esto hace que las mujeres que toman la decisión de vivir una vida libre de violencia desistan de la decisión tomada y regresen a sus lugares a vivir con ´el violador´ y se expongan a vivir la violencia extrema.

“Exigimos al Estado, a sus servidoras y servidores, que los procesos jurídicos se desarrollen en un tiempo razonable, que no se prolonguen 3 años en integrar una carpeta de investigación”

Cabe señalar que el Congreso le otorgó dicho reconocimiento por su labor como representante de la Asociación “Kally Luz Marina A.C.”, del Municipio de Rafael Delgado.

ANTE ALERTA INEFICAZ, IMPROVISACIÓN

Con muertes de mujeres en aumento y sin ninguna contención, la propuesta de abrir una Fiscalía Especializada en Feminicidio en la entidad se hizo sin detalles sobre costos o plazos por parte de la encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández, quien evidenció su proyecto el pasado viernes ante autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sin adelantar el presupuesto a invertir, ni los capítulos a destinar, ni los perfiles a reclutar, la fiscal “interina” se comprometió a elegir a las mejores candidatas, dado que sólo mujeres investigadoras encabezarían las citadas procuradurías, justo en un periodo en el que la mayoría de los entes públicos definen el proyecto de presupuesto que entregan al Congreso del Estado para el próximo ejercicio.

“Mi compromiso es llevar a cabo una procuración de justicia con la fiscalía coordinadora. Vamos a fortalecer, vamos a elegir a los mejores perfiles, mujeres que tengan la iniciativa, la intención de llevar a cabo estas investigaciones de la manera más respetuosa”, expresó la funcionaria; quien admitió que ya cuenta con gente “valiosa” para desarrollar de la mejor manera este trabajo.

Sin embargo, la propuesta de Hernández Giadans escapa de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la primera alerta de género en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Y es que entre estas se hace la observación que la Ley 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no se establecen las medidas especiales que deben otorgarse a las mujeres víctimas de violencia que se encuentren embarazadas, con alguna discapacidad o que sean menores de edad, migrantes, indígenas, entre otros factores de vulnerabilidad.

La propia Ley no prevé que se tienen que aumentar la duración de las órdenes de protección de emergencia y preventiva, así como eliminar que serán expedidas dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho; y no otorga competencia a los agentes del MP, jueces o cualquier otra autoridad para que conozcan de los hechos de violencia, y solicitar las órdenes de protección cuando la víctima sea menor de doce años.

Además no incluye acciones específicas para atender el acoso y el hostigamiento sexual y es necesario hacer una revisión de la figura de Alerta de Violencia de Género a nivel estatal, acciones que siguen pendientes en la administración morenista.

MEJOR, FORTALECER FISCALÍAS, PLANTEA ACADÉMICA

La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, Estela Casados González, planteó que en lugar de decretar la apertura de Fiscalías Especializadas, la opción más práctica es conservar las actuales y a la vez, fortalecerlas.

Además, observó la necesidad de asignar un número importante de fiscales, de modo tal que puedan atender lo competente a la declaratoria de violencia de género.

“Creo que no tendría caso crear un nuevo espacios en donde se replicaras las debilidades en cuanto a infraestructura de personal o personal capacitado, al número de personas que pueden atender”, indicó.

Y es que en su planteamiento, la académica de la Facultad de Antropología urgió a fortalecer no solo la fiscalía de Xalapa, sino todas las regionales, además de elevar el número de peritos calificadas para atender el homicidio y otras violencias contra las mujeres.

“Las fiscales tienen números bastante extenuantes, y el número qué hay no se dan abasto para atender todos los casos, no solo en feminicidios sino de violencia contra las mujeres y otros delitos”.

A esto, recalcó que desde un año atrás, se despidió a personal calificado y al parecer jamás se reemplazaron tales espacios.

“Es tan grave que una sola instancia no va a poder resolverlo, estamos bajo una declaratoria de violencia de género por el delito de feminicidios“.

Indicó que en tres administraciones estatales distintas, postuladas por cuatro partidos políticos siendo los gobiernos del PRI, el PAN-PRD y Morena, los feminicidios continúan a la alza, en vez de activar de manera estratégica e integral lo establecido en la declaratoria.

“Son bienvenidas las estrategias integrales conjuntas, bien planeadas que en prevención, seguridad, justicia y reparación se puedan dar, pero la numeraria tiene carácter de irreversible en el sentido de que hay una tendencia numérica que va en incremento. Si empiezan a trabajar podrían mejorar la tendencia, pero que no se podría revertir ni en este año ni en el siguiente”, vaticinó.

La postura de Casados González coincide con los talones de Aquiles de la Fiscalía Estatal, abordados en el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019” elaborado por Guillermo Raúl Zepeda Licona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, de la agrupación Impunidad Cero.

En este se revela que Veracruz es de los cuatro estados con el menor presupuesto per cápita asignado a la Fiscalía, en donde cada habitante aporta 175 pesos y 79 centavos para el funcionamiento de la procuración de justicia.

Abajo de la entidad sobresalen Oaxaca, con 166 pesos con 10 centavos asignados por habitante, Puebla con 140.16 pesos y Tlaxcala, en el sótano, con 106.11 pesos. En el caso contrario, en Ciudad de México cada habitante aporta 740.57 pesos para su Fiscalía, en Chihuahua, es de 655.06 pesos por habitante y en Nuevo León de 607.83 pesos.

En el rubro de carga de trabajo promedio por ministerio, la Fiscalía de Veracruz registra 127 asuntos atendidos al año, en una estadística menor a la media nacional de 160 asuntos, y con lo cual la convierte en una de las Fiscalías menos saturadas del país.

Sin embargo, la calificación de la Fiscalía nuevamente empeora en el indicador de “Mediana de tiempo para denunciar un delito”, en el cual, el promedio nacional es de 141.72 minutos, con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018.

En este indicador, Veracruz cuenta con la cuarta Fiscalía en el país con más tiempo de espera para formular una denuncia, con 208.56 minutos, equivalentes a 3.46 horas, solo por abajo de Tlaxcala, con 238 minutos, Oaxaca con 236 minutos y Ciudad de México, con 220 minutos. En el caso de Durango, el tiempo de espera es de 80.18 minutos, equivalente a menos de una hora y media.