#Testimonios: Los huérfanos de feminicidios y las indemnizaciones pendientes | Revista República
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Tomado de: ADNPolítico

#Testimonios: Los huérfanos de feminicidios y las indemnizaciones pendientes

Aunque familiares de víctimas de feminicidios, desapariciones y tortura han pasado años buscando justicia, no olvidan y siguen esperando justicia.

  1. Norma lleva 17 años manteniendo a sus dos nietos y exigiendo justicia

    Norma y nietos
    Norma lleva 17 años exigiendo que quienes mataron a su hija sean detenidos. Se quedó con dos nietos.(Elvia Cruz)

    Jade y Kafet ya son unos adolescentes y desde hace 17 años han visto como su abuelita, Norma Andrade ha luchado por darles educación a la par de salir a las calles a marchar, a participar en foros y hasta viajar fuera del país en búsqueda de justicia para su hija Lilia Alejandra, asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

    Ellos apenas tenían dos años y cinco meses de edad cuando su madre fue hallada sin vida, con huellas de violencia sexual, en un terreno baldío.

    “Ahora ya son unos jovencitos. Les tuve que explicar lo que pasó con su mamá. Aún no logran entenderlo. A veces me acompañan a las marchas a exigir justicia. Ellos están mal psicológicamente porque en su momento, nadie nos brindó atención”, narra Norma a ADNPolítico.

    Sus ojos humedecen cuando recuerda lo difícil que fue para ella sobrevivir con sus nietos en medio de una crisis de violencia y un salario como maestra.

    Pero esta escena familiar no ha sido lo único complicado. Esta familia lleva casi dos décadas exigiendo saber quién o quiénes mataron a Lilia Alejandra y porqué. No han tenido respuestas.

    Gracias a que durante esta lucha, Norma fue conociendo a activistas, promovió su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y apenas en mayo del 2017, el Estado mexicano reconoció retraso en impartición de justicia, pues a la fecha, la fiscalía local solo le ha informado que hay tres sospechosos, pero ningún detenido.

    Norma lleva bien la cuenta: han pasado cuatro gobernadores y nueve fiscales y ninguno le ha informado sobre una línea de investigación. Ella asume que se trató de un feminicidio pero aún no entiende porqué.

    Para dar carpetazo a este caso, le ofrecieron un “acuerdo de solución amistoso” que consiste en integrar a sus nietos a programas sociales para que reciban becas, una disculpa pública e indagar, ahora sí, este feminicidio. Ella se negó, pues alega que ha sido mucho el tiempo en el que ha rogado a que volteen a verla para aceptarlo.

    Además de conseguir la detención de los responsables, Norma busca una indemnización que permita a sus nietos estudiar una carrera universitaria, además de medidas de protección para los tres.

  2. “Vivir en Juárez es peor que el infierno”

    Mary
    Jessica desapareció en el centro de Ciudad Juárez en 2010 cuando acudió a buscar un trabajo; dos años después su cuerpo fue encontrado en el Arroyo Navajo de la ciudad fronteriza. (Elvia Cruz)

    Mary García se acercó tres veces al virtual presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de los foros escucha en el teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para pedirle intervenir para que los principales tratantes que operan en la ciudad sean detenidos, pues asegura que los responsables de la desaparición de su hija Jessica, siguen operando en los principales hoteles del centro.

    “Siguen desapareciendo jovencitas. Muchas compañeras siguen sin saber de sus hijas y no es justo. Que digan en dónde las tienen (…) que caigan las cabezas grandes”, dijo en entrevista con ADNPolítico. “El infierno es poco de lo que se está viviendo en Juárez”, agregó.

    La primera vez que Mary buscó hacer esta petición de manera directa a López Obrador, lo hizo en el presidium. “Señor, deténgalos por favor. Ya no confiamos en los gobiernos corruptos de aquí”, le dijo. A un lado estaba el gobernador Javier Corral, a quien ella pidió apoyo en múltiples ocasiones sin ser escuchada y sin respuesta alguna. Incluso responsabiliza al panista de retirar terapias psicológicas a familiares de victimas del delito.

    Ella tuvo que salir de Ciudad Juárez durante cinco años por sentirse amenazada, pues desde mayo de 2010, cuando ubicó que su hija era prostituida en un hotel de esta ciudad, fue intimidada. Según contó a ADNPolítico, tuvo que realizar sus propias investigaciones y aunque solicitó un cateo en el lugar en donde había ubicado a Jessica y a otras adolescentes, asegura que el ministerial que llevaba su caso, nunca la escuchó y no actuaron.

    Dos años después, en febrero de 2012, le entregaron los restos de Jessica que fueron encontrados en el Arroyo del Navajo, de esta ciudad.

    Mary se quedó con la impotencia de recuperar con vida a su hija porque ninguna autoridad la ayudó. Por esta razón es que también exige el cese del agente Ramón Ramos de la fiscalía local, pues cree que fue corrompido para no indagar el caso. El martes entregó copias del expediente a López Obrador con la esperanza de recibir ayuda.

    Jessica Leticia Peña tenía 15 años de edad cuando desapareció del centro de Juárez, luego de acudir a un estabelcimiento a pedir trabajo. Su caso, forma parte de 11 adolescentes, cuyos restos fueron encontrados en el arroyo.

    Por estos casos, hay seis detenidos acusados de homicidio, trata y delincuencia organizada, pero Mary asegura que se trata de empleados menores y no las cabecillas de esta red de trata de personas.

  3. Nueve años sin saber dónde está Esmeralda

    Esmeralda
    Esmeralda Castillo Rincón ya no regresó a casa desde el 19 de mayo del 2009 cuando se dirigía a la secundaria. (Elvia Cruz)

    Esmeralda Castillo Rincón de 14 años de edad se dirigía a la Secundaria Técnica 79 cuando desapareció la mañana del 19 de mayo del 2009. Sus padres, José Luis y Martha no han declinado un solo día en buscarla. Cada día, pegan cartelones con su rostro en las calles de Ciudad Juárez, con la esperanza de encontrarla con vida.

    El último intento por llamar la atención para que las autoridades locales les entreguen resultados de las investigaciones se dio este martes cuando José Luis encaró de frente al gobernador Javier Corral y le exigió una audiencia. Frente a Andrés Manuel López Obrador, le pidió que se comprometiera plasmando su firma en un cuaderno que llevaba.

    Ahora, está en espera de que esta reunión se dé para conocer la línea de investigación que se sigue en el caso, pues lo último que le dijeron fue que le entregarían restos de un cuerpo, del que tenían sospechas fuera de su hija.

    “Yo no puedo recibir un pedazo de hueso y aceptar que mi Esmeralda está muerta cuando no me han dado detalles de las indagaciones”, señaló José Luis.

    Han pasado nueve años desde que se presentó la denuncia por desaparición, y a la fecha, esta familia se mantiene en la incertidumbre de no saber qué fue de la menor de sus tres hijos.

    “Desde ese día ha sido un pleito constante con las autoridades para que nos den audiencia. Por eso, vamos a continuar, por el amor que le tenemos a nuestra niña”, expresó José Luis, quien asegura que el personal de la Fiscalía le ha dicho que lo que le conviene ya es solicitar una indemnización y ya no la localización de Esmeralda.

  4. Inocentes del ‘coche bomba’ exigen indemnización

    Indemnización
    Desde que sus hijos fueron inculpados, Antonia pasó a formar parte del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. (Elvia Cruz)

    Antonia Rentería es madre de dos de cinco jóvenes detenidos en 2010, acusados de detonar un coche-bomba en Ciudad Juárez en el que perdieron la vida tres personas: un policía federal, un policía municipal y un rescatista.

    Con una manta que contenía la leyenda: “En Juárez, no más tortura”, esta mujer buscó ser escuchada por integrantes del futuro gabinete federal durante el inicio del Foro Escucha.

    Su intención es que se repare el daño ocasionado a sus hijos Víctor y Gustavo Martínez Rentería, pues tras permanecer tres años en la cárcel, recuperaron su libertad gracias a resultados del Protocolo de Estambul. Es decir, se comprobó que fueron golpeados para declararse culpables.

    “Mis hijos ya no duermen, hasta a las 5 o 6 de la mañana. Uno de mis hijos vio cuando los federales violaron a su hermano. Ellos quedaron muy mal psicológicamente y no ha recibido atención”, reclamó Antonia.

    La lucha que está dando desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, es que el gobierno federal los indemnice como víctimas, ya que a pesar de tener ese derecho, sus peticiones han sido ignoradas.

    Cuando Víctor Manuel y Gustavo fueron detenidos, fueron acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros.

  5. Tortura para declararse culpables

    Tortura
    Fernando Sánchez Espino falleció en julio de 2014 a consecuencia de golpes recibidos en la fiscalía de Chihuahua. (Elvia Cruz)

    Fernando Sánchez Espino falleció en julio de 2014. Murió luego de permanecer seis meses hospitalizado por golpes recibidos de parte de los agentes de la Fiscalía General de Chihuahua cuando fue detenido junto con su hermano y yerno en noviembre de 2013, por el delito de extorsión.

    Según Angélica Moncada Medina y Ramón Díaz Rojas, padres de Ernesto – el yerno de Fernando- los ministeriales torturaron a los tres hombres para que se declararan culpables, tal como se demostró en una investigación que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hecho por el que emitió una recomendación en octubre de 2016.

    Los resultados de la Prueba de Estambul, también demostraron que sí fueron torturados, por lo que tras tres años en el penal, los otros dos con los que fue detenido Fernando, abandonaron la cárcel.

    Ahora, sus familiares exigen una indemnización pues en el caso de los papás de Ramón, quien es ciudadano americano, perdieron su negocio, y gastaron más de 150,000 pesos en abogados para dar seguimiento su caso,

    Un día antes de los foros realizados este martes, Angélica y Ramón buscaron dialogar con el futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazopara solicitar su intervención con el fin de que el Estado repare el daño ocasionado, pero no fue posible.

    “Exigimos lo justo. Mi hijo quedó muy dañado, cualquier ruido que escucha, se altera. Me entregaron otro hijo”, señala Angélica en entrevista.